¿Hacia un país sin bibliotecas?

Original: Alfred Leete (1914)
Photograph: Phil Bradley 

Si la pasada semana nos hacíamos eco de las dificultades por las que atraviesan los museos españoles como consecuencia de la crisis económica que asola el país, hoy no podemos dejar de mencionar la situación de las bibliotecas, especialmente porque algunas de ellas ya han empezado a cerrar sus puertas.

Esta situación se está revelando tan dramática para los trabajadores bibliotecarios sin contrato fijo que algunos colegios oficiales, como el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), ya han dado la voz de alarma; otros, como el COBDC (Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya) con su Argumentario profesional: el valor de las bibliotecas en un mundo en crisis, también se han unido a la cruzada en defensa de la profesión.  

Sin embargo, y más allá del drama humano que suponen los despidos derivados de esos cierres, los recortes a las bibliotecas revisten no poco interés para el conjunto de la sociedad y especialmente para aquellos sectores de población con menos recursos y en riesgo de exclusión social.

De hecho, nuestros dignos mandatarios parecen olvidar que las funciones de la bibliotecas públicas no se limitan al préstamo de libros y documentos, sino que son centros de libre acceso donde se facilita toda clase de conocimientos e información – tal y como estipula la propia UNESCO en el Manifiesto IFLA.

Así, siguiendo ese espíritu de hacer accesible la cultura a todos sus usuarios, las bibliotecas públicas llevan a cabo desde hace años diversas acciones que ahora corren el riesgo de verse seriamente afectadas por los recortes públicos.

Entre esas acciones cabe destacar la planificación y ejecución de procesos de alfabetización – puesto que las bibliotecas no se constituyen únicamente como un espacio propicio para la autoformación; la creación de diversos programas y actividades para fomentar la adquisición del hábito lector entre adultos y, especialmente, entre los más pequeños – muchas veces complementando, y otras tantas supliendo, la labor de padres y profesores; la apuesta por el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías, favoreciendo así las capacidades informáticas de los usuarios que se inscriben dentro de la denominada brecha digital; o la promoción de la multiculturalidad gracias a las actividades que tienen en cuenta la presencia cada vez mayor de extranjeros entre sus usuarios.

Resulta evidente que estas funciones no pueden ser suplidas por el uso de internet ni el trabajo de los bibliotecarios desempeñado por voluntarios no profesionales, como tan alegremente ha propuesto la alcaldesa de Madrid en aras de ahorrar costes.

Ese empeño por menguar gastos y el nulo beneficio económico que reportan las bibliotecas al Estado parecen justificar el cierre de algunas de ellas; sin embargo, tampoco los centros educativos ni los hospitales públicos generan beneficios y no por ello resultan menos necesarios al conjunto de la sociedad.

No hay que olvidar, además, que toda merma en el presupuesto dedicado a las bibliotecas – en cuanto a lugares donde se propicia el libre acceso a la cultura -  atenta contra el derecho cultural, reconocido en no pocas constituciones, incluida la nuestra.

Los recortes a la cultura impelen a no pocas reflexiones. Más que sugerente resulta ahora la pregunta que Felipe, el amigo más soñador de la sin par Mafalda, formulara muchos años atrás, ¿No sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos?

#porunMUNDOcultural

Es innegable que el sector cultural se enfrenta a una profunda crisis, razón por la cual hemos centrado nuestra atención, a través de diversas entradas, tanto en los recortes presupuestarios como en la necesidad de apostar por una ley de mecenazgo que resulte tan efectiva como la aplicada en nuestro país vecino, Francia.

Una financiación mixta – que combine tanto fuentes públicas como privadas e implique al tercer sector – parece, en teoría, la solución más idónea. Sin embargo, y en la práctica, ¿cómo se le puede exigir al Estado que mantenga sus presupuestos para cultura cuando está recortando en educación y sanidad?, ¿cómo se puede conseguir el interés de patrocinadores y mecenas cuando algunos subsectores culturales no generan beneficios económicos?, y, no menos importante, ¿cómo se puede solicitar una mayor implicación a un tejido asociativo que, acuciado por la crisis, a duras penas sobrevive?

¿Hay una única respuesta y/o solución?, ¿se encuentra el sector cultural al borde de un abismo y presto a caer en él o, por el contrario, la crisis es, como muy alegremente apuntan algunos medios, una oportunidad para el cambio?

Animamos a todos aquellos lectores interesados en el tema a que participen a través de Twitter (#porunMUNDOcultural) en el reto de aportar opiniones para defender la supervivencia de un sector que crea no pocos puestos de trabajo y que ocupa las horas de ocio de gran parte de la ciudadanía.

¡Gracias!

Hacia nuevos modelos de financiación y gestión museística

Los grandes recortes y el temor a que éstos sigan produciéndose han sumido al sector cultural en una profunda incertidumbre; un estado del que, por supuesto, no escapan los espacios museísticos, fuertemente dependientes de la ayuda estatal. De hecho, la merma de financiación pública ha incidido sobremanera en la dilatación en el tiempo de las exposiciones temporales y ha congelado la adquisición de nuevo fondo, además de reducir la programación de actividades paralelas y paralizar, en muchos casos, la edición de publicaciones propias.

Quienes parecen salir airosos – por ahora – de esta situación son los grandes museos, especialmente los que componen el llamado Triángulo de Oro de Madrid. El Thyssen Bornemisza, el Museo de El Prado y el Reina Sofía se benefician, al igual que los museos norteamericanos, de los ingresos generados por el precio de sus entradas y actividades y cuentan con el suficiente prestigio como para atraer la atención de los grandes patrocinadores y mecenas.

Sin embargo, el resto de espacios museísticos – creados en su mayoría hace dos décadas – dependen por completo de las subvenciones y de los presupuestos estatales, por lo que los profesionales del sector contemplan la ansiada ley de mecenazgo, no sin un cierto recelo, como una vía adicional de financiación.

Esos reparos se deben en buena medida al hecho de que las fuentes privadas pueden mostrarse sumamente huidizas por los males derivados de la recesión económica (sería  el caso de Estados Unidos, donde los museos han visto precarizarse sus fuentes de financiación como consecuencia de las pérdidas económicas de sus benefactores privados) o, simplemente, por un insuficiente interés por parte de mecenas y patrocinadores, como demostraría la complicada situación que atraviesa el afamado Liceu, que en los últimos años ha asistido al desplome de las aportaciones realizadas por entes privados.

No obstante y más allá de la cuestión meramente económica, hay que añadir que los profesionales del sector consideran obsoleto el sistema de acumulación de obras debido a lo prohibitivo de su mantenimiento y la, en comparación, poca rentabilidad que genera, pero que responde a la mentalidad imperante en Europa en cuanto a que los museos han de devenir auténticos custodios del arte y de la cultura. Por ello, autores como Teixeira Coelho han polemizado sobre la necesidad de que los espacios museísticos alberguen copias en detrimento de las obras originales; una obras que no siempre están totalmente a disposición del público, puesto que muchas de ellas pueden permanecer confinadas durante años en los depósitos museísticos.

Por todo ello, muchas voces dentro del sector propugnan la necesidad de fomentar la colaboración y el intercambio de los bienes de diferentes museos y, desde el punto de vista financiero, inciden en fomentar una mayor implicación de la sociedad civil para conseguir la tan ansiada autonomía económica. Así, la apuesta del Reina Sofía pasa por propiciar la creación de un archivo común, además de poner el acento en los trabajos con colectivos y movimientos sociales, lo que ciertamente no parece un mal punto de partida para conseguir una sostenibilidad basada en tres pilares básicos y absolutamente complementarios: la ayuda estatal, el apoyo privado y la implicación de la sociedad civil.

El Liceo. ¿Ocaso o renacer?

No corren buenos tiempos para el Gran Teatre del Liceu, el teatro más antiguo y emblemático de la Ciudad Condal, símbolo de toda una época en la que la aristocracia y burguesía catalanas aunaron fuerzas para convertirlo en lo que hoy es, uno de los cosos operísticos más célebres del continente europeo.

Las nada halagüeñas noticias que está vertiendo la prensa apuntan a que se producirá en breve el temido Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que comportará su cierre durante los meses de marzo y junio, con el consiguiente perjuicio para sus trabajadores y la cancelación de obras programadas desde hace meses, lo que no sólo va a mancillar el buen nombre del Liceu sino que acarreará un gran desembolso de dinero para poder resarcir tanto a espectadores como a artistas por los inconvenientes causados.

Al parecer, los problemas económicos del Liceu no se deben únicamente a los recortes generalizados que está sufriendo el mundo de la cultura (sector muy dependiente de la subvención estatal y, en consecuencia, sujeto a vaivenes políticos) sino que podría ser consecuencia de una mala gestión que, entre otras cosas, no habría cuidado en demasía el papel de los patrocinadores, cuyas aportaciones han decrecido un 31% en los últimos años.

Esta situación contrasta fuertemente con la del Teatro Real de Madrid, cuyos ingresos provenientes del patrocinio no han dejado de aumentar, lo que presumiblemente lo ha convertido en un ejemplo más que viable de un modelo mixto – público y privado – para la producción y difusión cultural.

De hecho, un género como el operístico, históricamente deficitario en todo el mundo (en cuanto a que su inversión no queda casi nunca cubierta por la venta de entradas, aún a pesar del elevado precio de éstas), requiere forzosamente de un apoyo estatal. Un apoyo que, en plena época de recesión, debe ser secundado- que no suplido- por ayudas provenientes del sector privado, lo que redunda más si cabe en la necesidad de abogar por una auténtica Ley de Mecenazgo, parecida a las promulgadas en países como el Reino Unido o Francia, donde, con unas desgravaciones fiscales que pueden alcanzar hasta un 70%, ha dado buenos resultados

Por otra parte, tampoco cabe olvidar que tanto la construcción como el ulterior mantenimiento del Liceu – nacido de la voluntad de promover la enseñanza musical – se debieron a la acción de la sociedad civil, lo que ha convertido al gran teatro operístico en una rara avis dentro de los teatros de su género en Europa, construidos y sufragados en su momento por sus respectivas monarquías. Además, y ya en el siglo XX, ese papel de la sociedad civil – con su implicación y aportaciones económicas – fue también sumamente importante en la rápida reconstrucción del Liceu cuando éste fue pasto de las llamas en 1994.

El Gran Teatre del Liceu se halla ahora mismo en una confluencia de caminos que pueden conducirlo a su ocaso o a un renacer fuertemente impregnado por sus propios orígenes. Sin embargo, tras sobrevivir a dos incendios, a una expropiación y a un atentado, cabría esperar que se encuentre la fórmula adecuada para tomar la senda correcta.

A hachazos con la cultura

Los vecinos de un barrio de Granada, Zaidín, se manifestaban hace unos días para reclamar la reapertura inmediata de su biblioteca, inaugurada hace treinta años y clausurada por obra y gracia de la política del tijeretazo.

Muy posiblemente esta noticia no hubiera traspasado el ámbito de la prensa local de no haber mediado el cantante Miguel Ríos, quien se sumó a las reivindicaciones de los manifestantes. Sin embargo, no se trata de un caso aislado ni tampoco único, aunque por sí solo ya es demostrativo del poco respeto que les merece la cultura a nuestros dignos políticos.

Estos se han valido de la siempre complicada valoración económica del sector cultural (los bienes proporcionados por la cultura son intangibles y difícilmente mesurables en clave económica) para emprenderla a hachazos contra un derecho – el cultural – que va a quedar reducido, si nada lo remedia, al disfrute de unos pocos.

Además, los medios de comunicación, sumamente influenciados por los discursos de nuestros mandatarios, se han encargado de aportar su granito de arena al asunto poniendo de relieve, prácticamente a diario, dos temas que mucho tienen que ver con la pervivencia de la cultura como derecho intrínseco de todo ciudadano: los recortes y los emprendedores. No obstante, obvian u olvidan que los segundos no pueden subsanar las consecuencias de los primeros y es que, a falta de una auténtica ley de mecenazgo y de grandes empresarios que quieran invertir más allá del fútbol, los emprendedores no pueden suplir, en su totalidad, las ayudas estatales.

Cierto es que hay subsectores culturales cuyas subvenciones pueden ser más que discutibles, sobre todo aquéllos que por sus propias características pueden calificarse como industrias culturales - sería el caso del cine, que ya abordaremos en otra ocasión. No obstante, aquellos otros subsectores no susceptibles de convertirse en industrias (las artes escénicas, las plásticas, el patrimonio, los archivos o las bibliotecas) difícilmente subsistirán sin subvención.

Los recortes salvajes a la cultura – en algunas comunidades superan el 60% - auguran un futuro negro para el sector, un sector que, por otra parte, en este país aún se asocia más a un divertimento que a un auténtico derecho, lo cual explica en gran medida las relativamente bajas protestas generadas – si lo comparamos con otros sectores – ante la acción de la tijera presupuestaria.

El actor Antonio Banderas comentaba el otro día que, dado los tiempos que corrían, deberían buscarse nuevas formas de financiación del cine. No va a quedar más remedio que sea así, aunque ¿por qué habría de buscar otros medios una biblioteca cuando la IFLA/UNESCO la define como “el centro local de información que facilita toda clase de conocimientos e información” y al que se accede gratuitamente? Y ¿por qué los contribuyentes deben seguir pagando los mismos impuestos por unos servicios que en algunos distritos como Zaidín están dejando de ofrecerse?

Está claro que para nuestros dignos mandatarios es más fácil recortar en cultura, sanidad o educación que cuestionar sus estratosféricos sueldos - 3.500 euros netos de media frente a los menos de 700 brutos de salario mínimo –, adelgazar sus más que holgadas pensiones o sopesar la necesidad de seguir percibiendo un sueldo proveniente del erario público cuando ya han dejado atrás su carrera política.